“Fortalecimiento institucional y gestión migratoria para la competitividad en Santander”

Colombia es el principal país receptor de la diáspora venezolana en el mundo. A su vez, en virtud de su posición geográfica,
Santander es una entidad territorial que concentra un porcentaje
significativo de la población migrante. Especialmente, Bucaramanga se ha convertido en un punto de masiva recepción de los
flujos migratorios provenientes de Venezuela, ya que es un paso
obligado para las personas que ingresan a Colombia por Norte
de Santander (el punto de mayor ingreso de venezolanos al país)
y que tienen la intención de continuar su recorrido hacia Bogotá
(la ciudad que alberga la mayor cantidad de venezolanos) o hacia
otras ciudades del sur del país, así como hacia Ecuador y Perú.
Los procesos migratorios pueden tener distintos efectos
sobre la sociedad receptora, pues crean desafíos sociales y
económicos, pero también oportunidades (Fedesarrollo, 2018).
A corto plazo pueden tener impactos negativos, ya que generan presiones presupuestales en sectores como salud, educación, vivienda, programas sociales y ayuda humanitaria (OCDE,
2019). Sin embargo, su gestión integral puede traer crecimiento
económico en el mediano y largo plazo (Banco Mundial, 2018).
Más aún, aunque no existe consenso en la literatura especializada, se ha demostrado que la migración ayuda a aumentar la actividad económica, generando un impacto favorable
sobre el nivel general de ingresos de la población, mejorando el bono demográfico y enriqueciendo la diversidad cultural
(Fundación ANDI, 2020). En este sentido, Santander ha tenido,
tiene y tendrá el reto de convertir a la diáspora venezolana en
una oportunidad de transformación positiva, en la medida en
que aporte al cumplimiento de la séptima meta del décimo objetivo de desarrollo sostenible (ODS): “facilitar la migración y la
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las
personas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (CEPAL, 2018).
La migración venezolana puede contribuir al crecimiento
económico, al igual que al aumento de la productividad y competitividad del país y del departamento, en la medida en que
es una población predominantemente joven y está lista para
participar en la fuerza laboral (Bahar et al., 2018). Además,
esta cuenta con experiencia laboral y formación en sectores
que pueden experimentar escasez de mano de obra local,
como la manufactura y la agricultura, o que requieren reforzar
los niveles de cualificación (Feierstein y Winfield, 2019). En particular, para el sector agroalimentario este proceso migratorio
representa una gran oportunidad; por ejemplo, en los cultivos
de café los migrantes venezolanos han aportado nuevas habilidades y contrarrestado la falta de personal, al tiempo que
han incrementado la demanda. Por ello, Rekna et al. (2020)
afirman que los migrantes venezolanos tienen más probabilidades de ser empleados en actividades agroalimentarias que
la población local.
Colombia viene desarrollando una serie de normas jurídicas
y apuestas de política pública para gestionar integralmente este
flujo migratorio. Entre ellas, destacan el CONPES 3950 de 2018,
que define la estrategia para la atención de esta diáspora, y el
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que incorpora como
uno de sus objetivos la “respuesta oportuna a las cambiantes
dinámicas migratorias, apuntando a que la migración sea ordenada, segura y regular” (DNP, 2019). En virtud de ello, se creó el
cargo de “asesor presidencial en asuntos migratorios (Gerente
de fronteras)” en febrero de 2018, que ha venido estimulando la
respuesta coordinada e integrada a nivel territorial, con el apoyo
de la cooperación internacional. En marzo de 2021 se promulgó el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPMV)
(Decreto 216), que permite su identificación y caracterización a
través del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), al
igual que su regularización por medio del Permiso Temporal de
Protección (PTP). Más adelante, en agosto de 2021, se promulgó
la Política Integral Migratoria (PIM) (Ley 2136), que incluye como
uno de sus ejes el fomento de la integración socioeconómica y
productiva de los migrantes, con un enfoque diferencial y territorial. Así mismo, hay que destacar la institucionalización de mesas migratorias en algunas gobernaciones y alcaldías del país.
A nivel institucional, en 2020 se organizaron la Mesa de
Gestión Migratoria de Santander3
y la Mesa de Coordinación
de Asuntos Migratorios de Bucaramanga4
, con el fin de articular a las entidades públicas, los organismos internacionales, las
organizaciones no gubernamentales y la academia en el diseño de una respuesta integral. Además, el departamento cuenta
desde el año 2021 con un asesor territorial de la Gerencia de
fronteras, que focaliza sus esfuerzos en promover la integración
social, cultural y económica para liderar la coordinación público-privada en todos los niveles. Este ha promovido mesas territoriales en Barrancabermeja, Socorro, San Gil, Piedecuesta,
Girón y Floridablanca.
A su vez, ha aumentado la presencia de agencias de cooperación internacional y han aumentado las acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en especial en el AMB, que
interactúan en el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, un espacio de coordinación coliderado por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Según
datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (GIFMM Colombia, 2021), en el primer trimestre del año 2021, 16 agencias hicieron presencia
en Santander y beneficiaron a 10.665 personas; principalmente
mediante acciones en sectores como salud, seguridad alimentaria y nutrición, protección, y transferencias monetarias multipropósito. El foco estuvo puesto en la atención humanitaria de
emergencia, dada la coyuntura de los caminantes y el impacto
de la pandemia. No obstante, cada vez son más los proyectos financiados con recursos de cooperación que se orientan
a asuntos relacionados con el fomento de la integración económica y el estímulo del emprendimiento.
Finalmente, en materia de inclusión de este grupo poblacional en los procesos de planeación territorial, es importante destacar que en el Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023
solo se aborda la migración en la línea estratégica de seguridad
y buen gobierno, sin establecer objetivos referentes a la integración de la población migrante (Gobernación de Santander,
2020). De los cuatro municipios del AMB, solo Bucaramanga
incluyó una meta clara al respecto en su primera línea estratégica: “formular e implementar 1 ruta de atención integral para
niños, niñas, adolescentes refugiados y migrantes y sus familias” (Alcaldía de Bucaramanga, 2020). Se destaca, además,
que en la formulación de las políticas públicas de equidad y género, habitantes de calle y juventud, hay en la capital del departamento una apuesta por transversalizar el enfoque migratorio.