“Fortalecimiento institucional y gestión migratoria para la competitividad en Santander”

En 2019, Colombia estaba inmersa en una trayectoria de desarrollo económico con la que estaba superando la crisis por la
caída del precio del petróleo y alcanzaba ritmos de crecimiento superiores a los que se registraban antes de 2015 (DANE,
2020). Además, en materia de competitividad, el país estaba
en el cuarto lugar de América Latina, a solo un escalón en el
ranking de ser el tercer país más competitivo de la región, una
meta establecida en el año 2006 (WEF, 2019).
No obstante, con la crisis por el COVID-19, el país se enfrentó a uno de los episodios económicos más devastadores
del siglo XXI. El año 2020 fue uno de los únicos cuatro en los
que el país registró decrecimiento en los últimos 100 años, pues
reportó una reducción del producto interno bruto (PIB) de 6,8%
(Consejo Privado de Competitividad, 2021). Del mismo modo, en materia social, 4,5% de los hogares colombianos manifestaron dificultades para continuar con las actividades educativas,
las tasas de desempleo se situaron cerca al 20% y la incidencia de la pobreza monetaria aumentó del 27% al 34% (Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario, 2021).
Para el departamento de Santander, la crisis del petróleo y la
pandemia por el COVID-19 fueron la combinación perfecta para
exacerbar algunos desafíos antiguos y manifestar otros retos adicionales. Por ejemplo, el departamento de Santander había sido
ejemplo en materia de crecimiento económico y reducción de la
pobreza entre 2012 y 2014. No obstante, entre 2019 y 2020 el
departamento experimentó un aumento en la pobreza monetaria,
pasando del 31,1% al 38,8% aunque se observa una recuperación del indicador pues se ubicó en 36% en 2021.