Formulación de la Política Pública de Transparencia del municipio de Bucaramanga

La participación ciudadana, el gobierno abierto y las medidas anticorrupción, son en la actualidad las tres apuestas claves para el fortalecimiento de la democracia, sus instituciones y la efectividad de la gestión pública. Al respecto en Colombia tenemos un panorama de brechas y oportunidades en esta materia, en donde se destacan avances relacionados con datos abiertos, pero un rezago en mecanismos directos de lucha contra la corrupción, integridad de los servidores públicos y fortalecimiento institucional a nivel local.

Según datos del más reciente informe de Transparencia por Colombia denominado Monitor Ciudadano de la Corrupción (2019), entre el enero de 2016 y julio de 2018 se identificaron 327 hechos de corrupción reportados por la prensa nacional y regional. Los datos evidencian que los 5 departamentos con mayores hechos de corrupción en el país son: Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. En cuanto a las ciudades capitales se encontró que el 29% de los hechos de corrupción corresponden a Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cartagena.

Una evaluación rápida de los datos ofrecidos en este informe nos permite identificar que los escenarios de mayor riesgo para la corrupción son el sector público, dado que el 73% corresponde a hechos de corrupción administrativa principalmente asociados a irregularidades en los procesos de contratación (la corrupción privada se calcula en un 9% y la judicial en un 7%); así mismo el 69% de los casos identificados son de alcance municipal, mientras que el 25% se dan a nivel departamental y un 6% a nivel nacional.
Uno de los resultados más alarmantes entregados por el Monitor Ciudadano es que la corrupción se da principalmente en sectores de política asociados a la garantía de los derechos fundamentales y del bienestar para la sociedad, tales como Educación 16%, Infraestructura y transporte 15% y Salud 13%.

Por su parte la Contraloría General de la Nación (2018), plantea que el costo de la corrupción asciende aproximadamente a 50 billones de pesos cada año, lo que equivale al 5% del PIB anual, es decir el valor aproximado del presupuesto de inversión pública de la nación en los últimos años.

En lo relacionado con los indicadores de Gobierno Abierto, la OCDE calificó a Colombia como el tercer país miembro (después de Corea y Reino Unido) con mejor índice de gobierno digital, medición que reúne avances en datos abiertos y participación de los usuarios en plataformas digitales del sector público; lo que significa una oportunidad importante para el fortalecimiento de la relación Estado – Ciudadano.

En cuanto a lo relacionado con el ejercicio activo de la ciudadanía, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) ubica a Colombia en el puesto 92 a nivel mundial en el índice de participación ciudadana y rendición de cuentas, basado en la percepción sobre participación electoral, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de prensa.

A pesar de los avances en la formulación de políticas públicas y normatividad en materia de transparencia, son varios los desafíos pendientes. Al respecto, el estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia (2017), y las recomendaciones sobre transparencia y lucha contra la corrupción para el gobierno nacional 2018-2022 de la organización Transparencia por Colombia (2018), ofrecen un conjunto de recomendaciones y tareas impostergables relacionadas con: a) el fortalecimiento institucional orientado a la transparencia y el buen gobierno; b) La implementación de acciones de cambio cultural desde el sector educativo; c) La incorporación de métodos y regulaciones que promuevan la lucha contra la corrupción; d) Garantizar un sistema de integridad a nivel nacional y local completo y coherente; y e) fomentar una cultura de la integridad en la administración pública.

Por tal motivo, el presente proyecto de investigación responde a los compromisos asumidos por el Estado Colombiano en materia de lucha contra la corrupción en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003, La convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto de 2016 y la Convención de la OECD para combatir del cohecho en servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales del 2003, además de los compromisos respecto al objetivo 16 de los ODS. Estas convenciones se han visto reflejadas en normas a nivel nacional como la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y del Derecho de Acceso a Información Pública Nacional), la Ley 1757 de 2015 (Promoción y Protección de la Participación Democrática), y la Ley 1778 de 2016 (Soborno Transnacional) y el CONPES 167 de 2013 y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Por su parte a nivel local, el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Bucaramanga Ciudad de Oportunidades” a establecido en la línea estratégica 5 “Bucaramanga libre de corrupción, instituciones sólidas y confiables”, una serie de metas y actividades encaminadas a reducir los riesgos de corrupción y mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas. En tal sentido y teniendo en cuenta el compromiso de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con el fortalecimiento de la democracia y desarrollo regional, ha recibido la invitación por parte de la Alcaldía de Bucaramanga para que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Instituto de Estudios Políticos se vinculen a participar activamente como aliado estratégico en la formulación de la política pública de transparencia del municipio. Lo cual constituye un escenario privilegiado para fortalecer la generación de alianzas entre la Academia y el sector publico en temas de transparencia como oportunidad para construir escenarios de gobernanza, fortalecer las capacidades institucionales del sector público, mitigar las prácticas corruptas, promover mecanismos directos de participación y concertación con la sociedad civil y promover una cultura de la legalidad a fin de construir sociedades más democráticas y equitativas.

1. Planes de Desarrollo del Área Metropolitana de Bucaramanga
2. Plan de Desarrollo de Santander
3. Plan Nacional de Desarrollo
4. Plan de Desarrollo de la UNAB

Formular la política pública transparencia del municipio de Bucaramanga con base en los principios de Gobierno Abierto y Lucha Contra la Corrupción, en aras del fortalecimiento de la democracia, sus instituciones y la efectividad de la gestión pública local.

• Diseñar la metodología para la realización de los procesos de apropiación social del conocimiento
encaminados a la formulación, discusión y socialización de la política pública de transparencia del municipio de Bucaramanga.
• Realizar un diagnóstico institucional y contextual respecto a temas de Gobierno Abierto y Medidas Anticorrupción en el municipio de Bucaramanga.
• Coordinar técnica y metodológicamente el proceso de formulación y redacción final del documento de política
pública de transparencia del municipio de Bucaramanga.
• Brindar asistencia técnica para la elaboración del proyecto de acuerdo de la política de transparencia del municipio de Bucaramanga y la realización de una audiencia pública.