Más allá del género: Feminicidio en mujeres transgénero: feminicidio Trans

El feminicidio de mujeres transgénero es un fenómeno complejo que
refleja la intersección de la misoginia y la transfobia. El presente proyecto, basado en el
artículo“Más allá del género: la compleja realidad del feminicidio en mujeres
transgénero” propuesto por el semillero de investigación SEINCRIFO del pregrado
Investigación Criminal y Ciencias Forenses en la Universidad Autónoma de
Bucaramanga y en fuentes recientes, analizando datos actuales, comparativos
internacionales, marcos legales, políticas públicas y casos emblemáticos (por ejemplo, el
caso de Anyela Ramos Claros en Colombia). Se examinan también los desafíos en el
acceso a salud, empleo y vivienda que enfrentan las mujeres trans.
En Colombia, la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely) tipifica el
feminicidio como delito autónomo, pero no contemplaba explícitamente a las mujeres
trans; recién en 2018 un juez reconoció por primera vez el asesinato de una mujer trans
(Anyela) como feminicidio. Internacionalmente, en el periodo 2022-2023 al menos 321
personas trans han sido asesinadas, el 94% de ellas mujeres trans; América Latina
concentra 236 casos de ese total. Además, las víctimas suelen ser jóvenes y
pertenecientes a grupos racializados, como muestra que en Brasil más de la mitad de las
víctimas trans eran afrodescendientes.
En cuanto a derechos sociales, la discriminación es alta: por ejemplo, en
Perú el 46% de las mujeres trans declararon haber sido víctimas de discriminación en
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servicios de salud. Legislativamente, algunos países avanzan: Uruguay dictó en 2022 la
primera sentencia por transfeminicidio (caso Fanny Aguiar) bajo el agravante de
femicidio, y Argentina/Uruguay destacan por sus leyes de identidad de género e
inclusión. En México se promueve reformar el Código Penal para incluir explícitamente a
las mujeres trans en el delito de feminicidio.
Ciudad de México creó en 2024 una unidad especializada de
investigación de transfeminicidios, Sin embargo, persisten vacíos legales y prácticas
discriminatorias: el reconocimiento estatal de la identidad trans es escaso, lo cual
“constituye en sí misma un hecho de violencia estructural” que impide el acceso a
la justicia.