Hablar de los territorios y su multiplicidad de tensiones y posibilidades, es hablar de la transversalidad que tienen las comunidades y sus diversas formas organizativas, para su comprensión, problematización y transformación. Es así que hablar de la ciudad, como territorio pluriforme, intercultural y complejo, significa reconocerle una condición dinámica y profundamente incierta, en la que se depositan prácticas sociales, identidades, marcos axiológicos, así como circunstancialidades problémicas, que le otorgan sentido, le caracterizan y le atribuyen una impronta. Sin embargo, dicha particularidad, resulta en los últimos tiempos visibilizada, precisamente por la tensión que sugiere la instalación de un modelo territorial hegemónico y monocultural, que abiertamente segrega, desplaza y desarraiga sectores poblacionales, precarizando sus condiciones de vida y desarticulando el tejido social propio de las comunidades y sus marcos diferenciales.
Este panorama, hace expresa la necesidad de organización social en las ciudades, y le otorgan a las comunidades un papel determinante en la problematización constante y en la construcción de agendas transformadoras, que controviertan dicho modelo, y promuevan, de forma conciente y activa, procesos colectivos emancipadores (Vommaro, 2012), que ponen a la ciudad como un territorio en disputa. Es entonces, desde la presencia, cada vez más activa y visible de las comunidades organizadas y de sus agendas posibilitadoras, que se advierte la emergencia de nuevas sensibilidades en las practicas cotidianas, y se establece un horizonte de trabajo colectivo, que redunda en la defensa misma del territorio, a partir de nuevas experiencias subjetivas, nuevos espacios simbólicos, nuevas identidades colectivas (Melucci, 2001), y por ende nuevas ciudadanías activas.
América Latina, entendida geopolíticamente, circunscribe una serie de procesos de orden político, cultural, económico y territorial, que le asignan a sus ciudades, cierta particularidad y distinción, propia de su desarrollo histórico y de sus coyunturas soportadas por la dependencia y la subalternidad de sus Estados Nacionales, para con las grandes estructuras y modelos hegemónicos. Las repercusiones a este particular, son tan diversas como son diversas las poblaciones que habitan las ciudades y otros territorios rurales en el continente, por lo que resulta pertinente reconocer todas aquellas estrategias y formas organizativas que, de manera constante, responden en gran medida al modelo estructural, el cual, además de precarizar la vida, en buena parte de los territorios, estigmatiza y en mucho casos criminaliza toda forma de acción colectiva que promueva la defensa territorial. Esto, sumado a las dinámicas emergidas de la crisis sanitaria, del calentamiento global y de sus elementos constitutivos, así como de la violencia política, desarrollada a largo y ancho del continente, ponen a las organizaciones sociales en un lugar preponderante para la reivindicación y el posicionamiento de nuevas expresiones sociales, políticas e interculturales (Walsh, 2010).
No obstante, la reflexión y la acción implicada en los asuntos colectivos que dan cuenta de la ciudad y sus vicisitudes, claramente debe situarse en el debilitamiento propio de los Estados Nacionales que, en los procesos globalizantes, dan lugar a nuevas formas de comprensión de las ciudadanías, más en un sentido liberal de participación activa en las condiciones diseñadas por el modelo de mercado, que en disposiciones transformadoras o reivindicadoras de la dignificación de la vida en los territorios. Es precisamente esta tensión entre el modelo y las muy distintas formas de vida de las comunidades, que habitan buena parte del continente latinoamericano, la que ha dado cuenta de la fractura del Estado de bienestar y de muchos derechos civiles y políticos, especialmente de sectores marginados y fragilizados. Dicha coyuntura, ha puesto por décadas a las comunidades, de buena parte del continente, en lugares de vulneración permanente, precisamente por el deterioro y desestabilización de los Estados, por la privatización de bienes y servicios, por la escalada sistemática de economías extractivistas y por la precarización de la vida cotidiana, explicada en el aumento de la pobreza, el desabastecimiento y la exclusión explicita de sistemas sanitarios, educativos y laborales.
Por lo tanto, y asumiendo esta como una característica que permea América Latina, sus países y sus ciudades, es necesario abrir la discusión respecto al lugar que poseen hoy, aquellos procesos comunitarios, que, a través de acciones colectivas diversas e interculturales, promueven otras formas de vida en los territorios y, por ende, nuevas subjetividades colectivas dirigidas a la conservación, la dignificación y la protección de los asuntos propios de los territorios., que, bajo el soporte de nuevos paradigmas relacionales, redundan en la concepción y consolidación de formas alternativas de desarrollo social y de agenciamiento, para la promoción de la vida justa y el buen vivir en los territorios urbanos. Son entonces, los esfuerzos colectivos que tienen lugar para la construcción social del territorio, expresiones que reconocen en el consenso y en la mutualidad, la posibilidad de construir presencias más activas, deliberativas y propositivas, en contextos permeados históricamente por prácticas de conservación individual y de consumo.
Es en esa perspectiva, de contribución activa de las comunidades y sus distintas formas colectivas de reivindicación, aparece necesario y oportuno, contribuir con la reflexión crítica que desde las Universidades se gesta, en función de la construcción social del territorio y del fortalecimiento de los derechos civiles y ciudadanos consignados en los procesos organizativos. Por esta razón, y bajo la perspectiva de la contribución conciente de la investigación social, que acompaña y analiza el inmenso espectro que, sobre lo organizativo, lo comunitario y lo colectivo, se produce en el continente, es que se abre esta posibilidad de convergencia de saberes, de trabajo colaborativo y articulado, con el fin de reconocer convergencias y divergencias, que frente a la emergencia de nuevas ciudadanías, aportan las distintas acciones colectivas dirigidas a la defensa territorial.