Gestión pública y participación ciudadana en el abordaje de la trata de personas en colombia.

La trata de personas es un fenómeno que, desde hace varios años, ha empezado a formar parte
de algunas agendas públicas nacionales e internacionales. Su trascendencia radica en que
comprende una grave vulneración a los más altos principios humanos y en las secuelas de
este delito en las víctimas y en la sociedad, que implican, no solo el menoscabo de la
autonomía y la dignidad de un ser humano, sino también la afectación a su entorno personal
y social. Así mismo, este fenómeno pone en evidencia las dificultades que enfrentan los
gobiernos para salvaguardar los derechos de sus ciudadanos (Alianza Global contra la trata
de mujeres, 2003).
En este sentido, los esfuerzos de los gobiernos se han centrado en la tipificación del fenómeno
en las leyes penales y la creación de políticas para su afrontamiento en el marco de la
criminalización y los derechos humanos (Bravo, El problema de la trata de personas:
limitaciones de la regulación por el Estado Colombiano, 2015). Por ello, en Colombia se
crean múltiples leyes como la ley 985 del 2005 que tipifica el delito; el Decreto 4786 del
2008 y el 1036 del 2016 que adoptan una política nacional contra la trata; y el decreto 1069
del 2014 compilado en el 1036 del 2016 que adopta medidas para la asistencia a víctimas,
entre otros instrumentos normativos. Cabe mencionar que el actual plan nacional de
desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, refiere a la trata de
personas como una de las economías ilegales, en la que “el 86 % de las víctimas de Trata de
Personas son mujeres y niñas. La mayoría de las víctimas registradas, según las autoridades,
son mujeres cabezas de familia” (p. 280). También, el plan de desarrollo aborda el fenómeno
desde la migración y la equidad de género para la construcción de paz. Así mismo, plantea
que el Ministerio del Interior, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
diseñará e implementará, en coordinación con los demás sectores concernidos, una nueva
estrategia de lucha contra la trata de personas.
Sin embargo, a pesar de existir estas directrices y marcos de acción contra la trata, el gobierno
nacional, los gobiernos municipales y departamentales, desatienden el fenómeno en sus
planes de desarrollo, dada las bajas cifras reportadas del delito. Esta baja estimación de la
trata de personas es producto de la naturaleza invisible e ilegal del fenómeno, la falta de
estudios cuantitativos con metodologías uniformadas y la falta de sistemas claros de registros
en los países (Meeuwissen, 2012).
Como consecuencia de la baja visibilización del fenómeno, la destinación de recursos a la
prevención, judicialización e investigación y asistencia a víctimas resulta siendo mínima en
comparación a la problemática y en algunos casos inexistente (Montenegro, 2015). Reflejo
de ello, en temas como la asistencia a víctimas, investigaciones previas en Santander han
evidenciado que a pesar de que el decreto hace responsables a los gobiernos locales de la
provisión de asistencia, la norma no asegura los recursos económicos necesarios para ofrecer
estos servicios, dejando dicha disposición al arbitrio de lo que denominan la “voluntad
política” de las autoridades locales (Aceros, Vargas, & Reyes, 2017).
Por ello, se pretende, en este estudio promover la inclusión de acciones contra la trata de
personas en los planes de gobierno, planes de desarrollo y planes de acción, a través de la
generación de herramientas que fortalezcan la gestión pública, la rendición de cuentas y el
control ciudadano en el abordaje de la trata de personas en el nivel territorial en Colombia.
El control ciudadano y la rendición de cuentas, constituyen una herramienta que fortalece el
buen gobierno, permitiendo potencializar los principios de la gobernabilidad y la gobernanza.
Respecto a la importancia de medidas de este tipo, se determina que, “el establecimiento de
mecanismos que supervisen y orienten las medidas adoptadas a nivel nacional para hacer
frente a la trata es un aspecto importante del desarrollo de una respuesta firme y basada en
los derechos” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2014).
De acuerdo a lo anterior, este estudio pretende dar respuesta al interrogante ¿A través de que
herramientas se puede fortalecer la gestión pública, la rendición de cuentas y el control
ciudadano en el abordaje de la trata de personas en el nivel territorial en Colombia?

Generar herramientas que fortalezcan la gestión pública, la rendición de cuentas y el control
ciudadano en el abordaje de la trata de personas en el nivel territorial en Colombia.

 Desarrollar lineamientos para la incorporación del abordaje de la trata de personas en
los instrumentos de la planeación del desarrollo territorial en Colombia.
 Estructurar un modelo de rendición de cuentas de la gestión pública en el abordaje de
la trata de personas.
 Establecer una estrategia de participación ciudadana en la vigilancia sobre la gestión
pública de las autoridades competentes en el abordaje de la trata de personas en el
nivel territorial.