En América Latina hay cerca de 160 millones de personas jóvenes (CEPAL, 2020). Este grupo poblacional ha adquirido
una creciente importancia en la región, especialmente en temas relacionados con el desarrollo comunitario, local y regional
(Trucco & Ullman, 2015). En efecto, durante la juventud las personas consolidan su autonomía intelectual, física, moral,
económica, social y cultural; pero, además, empiezan a interesarse por su integración en una comunidad política, así como
por ejercer su ciudadanía (Ley 1622 de 2013). De esta forma la integración de la población juvenil en los procesos de desarrollo
se vuelve crucial para avanzar en una sociedad más igualitaria, dado que trae consigo nuevas ideas, y cuentan con
energía para emprender procesos de transformación social. Sin embargo, las personas jóvenes están aquejadas por
múltiples factores que les lleva a experimentar desigualdad y les expone a diversos riesgos.
De acuerdo con la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe (2021), la pobreza es uno de
los principales factores que afectan negativamente a los jóvenes. Esta organización señala que la pobreza económica expone
a los jóvenes a no contar con servicios de salud de forma oportuna; a carecer de recursos suficientes para asistir a
instituciones académicas; a no tener una vivienda con las condiciones necesarias para facilitar un buen desempeño escolar;
o, a tener que abandonar los estudios precozmente para contribuir a los ingresos del hogar. La pobreza perdura y se mantiene
en esta población
debido a que muchos jóvenes no están adquiriendo experiencia en el mercado laboral, no reciben ingresos provenientes de
un trabajo, ni mejoran su educación o sus competencias porque tienen tres veces más probabilidades que los adultos de desempleados (Organización Internacional del Trabajo, 2020). El panorama no es más alentador con la llegada de la pandemia
del COVID-19.
En el caso concreto de Colombia, país en el que cerca del 21% de la población tiene entre 14 y 28 años (DANE, 2020), los jóvenes
afrontan desafíos y problemáticas de carácter multidimensional que generan barreras en diferentes áreas de la vida. Dentro de
esas barreras se distinguen: hogares con pobreza multidimensional, escasos recursos y dificultades para acceder a la educación
(Departamento Nacional de Planeación, 2021). De acuerdo con Gutiérrez et al. (2021), la educación es una de las principales
preocupaciones de las personas entre 15 y 29 años en nuestro país. Para un 43% de ellas, el acceso y permanencia en instituciones
educativas ocupa un lugar trascendental en la vida. Por ejemplo, tiene efectos en sus oportunidades laborales y situación
económica. Actualmente, la tasa de desempleo juvenil - que ha venido aumentando en el país- se ubica en el 23,1%
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2021). A estas cuestiones hay que sumar los problemas que los
jóvenes experimentan en los escenarios educativos y familiares, dos ámbitos que les brindan espacios para poder debatir
y posicionarse en temas relevantes para la vida; bases para interpretar el mundo; y herramientas necesarias para sortear la
realidad (Gutiérrez etal.,2021).
Las múltiples preocupaciones de la juventud se han traducido en fuertes reclamos al Estado, como ha ocurrido en las protestas
del 2019 y en las prolongadas jornadas de manifestación en el marco del Paro Nacional que inició el 28 de abril del presente
año. Las movilizaciones y actos de protesta ponen sobre la mesa la necesidad de escuchar la voz de los jóvenes y de su
participación en espacios de construcción de alternativas que mitiguen y solucionen las problemáticas que más les preocupan.
A nivel nacional se ha venido impulsando el diseñado de una Estrategia para Fortalecer el Desarrollo Integral de la Juventud,
un documento CONPES que está en proceso de aprobación, desde el que se proponen elementos para la construcción
de herramientas jurídicas que sirvan para formalizar, guiar y sostener los procesos de participación de las juventudes en las
ciudades como lo son las políticas públicas. En Bucaramanga, la Política Pública de Juventud está llamada a adaptarse al
momento histórico en el que se encuentra la ciudad y el país. A este reto quiere responder un convenio establecido entre el
Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (INDERBU) y el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga. El mismo está orientado a actualizar la Política Pública de Juventud. Para ello se
propone un enfoque diferencia (grupos étnicos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, ROM, género,
personas con discapacidad, LGTBIQ+) y de no-discriminación. De igual forma se promueven espacios en los que la población
joven pueda ejercer su ciudadanía y aportar en los procesos de desarrollo local. Finalmente, con esto se aporta a lo
establecido por la Ley 1622 de 2013: “donde hubiere política pública de juventud aprobada se deberá revisar y actualizar
desde un enfoque que permita establecer de manera diferencial las acciones de política pública e inversión social para la
garantía de los derechos de los jóvenes” (art. 20). El presente proyecto pretende dar cuenta de diversos retos que el proceso
de actualización enfrenta, contribuyendo a fortalecer, articular y potenciar los esfuerzos locales en pro del desarrollo
integral de los jóvenes bumangueses.
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